miércoles, 30 de septiembre de 2009

Tener un Estado moderno y eficiente significa:

  • Aprovechar al máximo posible cada sol que se recaude, es decir, obtener el máximo de resultados con escasos recursos.
  • Definir claramente cuáles son las funciones que le competen al Estado dentro de los parámetros impuestos por la Constitución.
  • Indicar qué se hace, quién lo hace y cómo se hace definiendo su propia organización para poder cumplir sus funciones (precisar competencias generales y específicas, distinguiendo entre el ámbito de la formulación de políticas de la ejecución de las mismas).
  • Identificar qué nivel de gobierno es el mejor capacitado para cumplir con sus labores.
  • Diseñar un sistema de carrera administrativa con calidad.
  • Utilizar instrumentos que permitan monitorear la gestión del Estado; y,Desarrollar sistemas de indicadores y metas a través de una planificación estratégica.

EL ESTADO, EL ORDEN JURÍDICO Y LOS DERECHOS CIUDADANOS

Ningún poder político puede mantenerse durante mucho tiempo mediante el uso exclusivo de la fuerza. Lo que legitima el poder del Estado es el derecho, orden jurídico que regula el funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de las leyes por las que debe regirse la colectividad.
Los códigos, las leyes o, modernamente, las constituciones políticas, definen los derechos y deberes de los ciudadanos y las funciones y límites del Estado.
En los Estados liberales y democráticos, las leyes son elaboradas o aprobadas por los cuerpos legislativos, cuyos miembros, elegidos por la ciudadanía, representan la soberanía nacional.
La ley se sitúa por encima de todos los individuos, grupos e instituciones. Tal es el significado de la expresión “imperio de la ley”.
EL ORIGEN DEL ESTADO.
En las sociedades matriarcales, anteriores a la aparición de la familia monogamica y de la propiedad privada, el poder social se distribuía de forma escalonada a partir de los consejos de ancianos y de las estructuras tribales. Las relaciones entre los miembros de la sociedad eran de tipo personal y la cohesión del grupo se basaba en prácticas religiosas y ritos sociales de tipo tradicional.
El surgimiento de la agricultura y la consiguiente distribución de la tierra entre los miembros de la sociedad favoreció la aparición de la propiedad privada, de los derechos hereditarios y, por consiguiente, de la familia patriarcal, en la que la descendencia debía asegurarse mediante un sólido vínculo matrimonial de carácter monogámico (la mujer sólo podía tener un marido). Los primeros Estados, en Egipto, Mesopotamia, China, la India, Mesoamérica, los Andes (Caral en la Costa por excepción), etc., surgieron, por una parte, como una delegación del poder social en una estructura política capaz de asegurar el derecho de propiedad frente a competidores internos (ladrones) o externos (invasores) y, por otra, como una organización destinada a hacer posible la realización de los trabajos colectivos (construcción de canales, presas, acequias, etc.) necesarios para el conjunto de la comunidad.
Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, abogó por un Estado secular fuerte, capaz de hacer frente al poder temporal del papado. Según Maquiavelo, el Estado tiene su propia razón que lo guía: la razón de Estado, independiente de la religión y de la moral. El Estado renacentista se caracterizó por las siguientes notas: existencia de un poder independiente –con un ejército, una hacienda y una burocracia a su servicio-, superación de la atomización política medieval, base territorial amplia y separación entre el Estado y la sociedad.
En el siglo XVI, Jean Bodin añadió a la idea de independencia del poder político la noción de soberanía: el Estado es soberano y no ha de reconocer en el orden temporal ninguna autoridad superior, lo cual le conferirá una consistencia jurídica. A este contenido racional, aportado por el Renacimiento, se debe la aparición del Estado moderno, que se distingue por estar constituido por una población amplia que normalmente reúne características nacionales, asentada en un territorio definido y regida por un poder soberano.
Desde el siglo XVI, el Estado ha conocido las siguientes configuraciones: Estado autoritario, Estado absoluto, Estado liberal, Estado socialista o comunista, Estado fascista y Estado democrático.
Después de la segunda guerra mundial, dos sistemas políticos y económicos se disputaron el poder sobre el planeta. En el bloque socialista, disuelto entre 1989 y 1991, los Estados mantuvieron sus características totalitarias, basadas en el poder absoluto de un partido único considerado intérprete de los intereses de la clase trabajadora. En el bloque occidental, el Estado liberal se consolidó mediante la adopción, iniciada desde principios de siglo, de diversos principios democráticos y sociales: sufragio universal (antes era censitario, es decir, sólo para las clases ricas), voto femenino, desarrollo de los servicios públicos y sociales (Estado del bienestar), intervención estatal en la economía, etc. Por otra parte, la tradicional división de poderes se mantuvo formalmente, pero el reforzamiento del poder ejecutivo se generalizó en casi todos los países. A fines de la década de 1990, la globalización llevó a los Estados nacionales a integrarse en mercados comunes e instituciones de gobierno supranacionales.
LA ADMINISTRAVIÓN PÚBLICA Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
El Estado cuenta con una organización que está integrada por un conjunto de instituciones y personas jurídicas a cuyo cargo está la realización de las actividades públicas. Y es por medio de las personas naturales – físicas – que estas instituciones y personas jurídicas expresan su voluntad. Por ello es necesario, para el ejercicio de la función pública, que determinados individuos adopten decisiones y emitan manifestaciones de voluntad en nombre de esas personas jurídicas.

Estas personas naturales a las que se les atribuye la facultad de expresar la voluntad de las instituciones del estado y de ejecutarlas, son denominados funcionarios públicos, quienes sólo pueden actuar de acuerdo a la Constitución de la República, las leyes y las normas legales que regulan el accionar de los funcionarios que prestan sus servicios al Estado.
El adecuado funcionamiento de las organizaciones públicas de los países en vías de desarrollo se ha visto postergado principalmente por los malos procedimientos y sistemas administrativos aplicados en dichas organizaciones. Lo que en muchas ocasiones ha llegado a significar el establecimiento de una etapa de agudización de la problemática social, económica y política por la que atraviesan los Estados en Vías de Desarrollo, muchas veces ligada a los procesos de cambios en la administración de las organizaciones públicas, otros a los procesos de adecuación a las nuevas exigencias que deben afrontar los gobiernos regionales y locales y otras debido al desconocimiento cabal de las funciones de las personas que se desempeñan en la administración pública.
Esta situación se debe a que no se han desarrollado adecuados proceso de capacitación del capital humano que finalmente es quien lleva a cabo la reforma de la administración del Estado. Por consiguiente son los individuos quienes cumplen un papel importante en el marco de la denominada modernización y descentralización del Estado, y la vigencia del régimen democrático como parte de una coyuntura de cambios en la administración tradicional del Estado caracterizada por ser centralista y burocrática, hacia una administración pública más democrática y participativa. Esta nueva forma de administración estatal, conduce a una nueva concepción de sus funciones, sus políticas y sus relaciones con la sociedad.Los procedimientos administrativos deben ser considerados como una herramienta necesaria para que una administración pueda brindar mejores servicios a los ciudadanos. Por ello los documentos de gestión tales como el diseño organizacional, los organigramas, los manuales de procedimientos administrativos, los manuales y reglamentos de organización y funciones y los sistemas administrativos en general deben ser considerados como las herramientas de gestión mediante las cuales se podrá alcanzar la eficiencia de las entidades públicas en la medida en que quienes las dirigen, hayan potenciado e impulsado sus propias capacidades de gestión, sin dejar de reconocer que la organización formal es útil, y que los funcionarios y servidores públicos son fundamentales especialmente en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; por ello el desarrollo de capacidades para la elaboración de documentos y herramientas de gestión pública, les facilita mejores resultados, a través de la puesta en práctica de dichos mecanismos en el mejoramiento de los sistemas de trabajo y en la prestación de servicios.